La digitalización ha transformado la vida de las infancias y juventudes en Argentina. Más allá de las pantallas, está en juego su bienestar físico, emocional y mental. La pandemia de COVID-19 aceleró todos los procesos, y si bien el ciberespacio está lleno de oportunidades también está plagado de riesgos.Es alarmante la normalización de prácticas como el ciberbullying, la viralización de contenido íntimo sin consentimiento y la exposición a discursos de odio y desinformación. En un contexto donde más del 90% de los niños y adolescentes en Argentina tienen acceso a internet, la línea que separa el mundo físico del virtual se desvanece cada vez más. Sin embargo, surge una pregunta crucial: ¿estamos preparados como sociedad para acompañarlos en este nuevo escenario?
La respuesta, lamentablemente, parece ser negativa.A los adultos nos cuesta empatizar con las experiencias digitales de nuestros hijos e hijas, y muchas veces no sabemos cómo abrir un diálogo para entender lo que viven y hacen en internet. Este vacío de comunicación, sumado al anonimato que permite el entorno digital y a la falta de alfabetización tecnológica, ha creado un terreno fértil para que las agresiones online proliferen sin control.
Los efectos de estas violencias digitales son profundamente devastadores. Los jóvenes no solo enfrentan humillación y exposición pública, sino que también sufren consecuencias psicológicas como aislamiento, depresión y dificultades académicas. A esto se suma un factor importante: en internet, muchas veces, lo que se publica o comparte puede quedar disponible para siempre. Esto significa que los errores o situaciones difíciles que los jóvenes enfrentan en el mundo digital pueden seguir afectándolos incluso años después, ya que ese contenido puede ser visto o compartido nuevamente en cualquier momento.
La brecha educativa: un desafío estructural
Un factor clave detrás de esta problemática es la falta de alfabetización digital, tanto en los niños como en los adultos que deberían guiarlos. El desconocimiento no solo deja indefensos a los jóvenes, sino que perpetúa la idea de que el entorno digital es un territorio ajeno e incontrolable.
Para enfrentar esta crisis, necesitamos medidas urgentes, pero también transformadoras. Educar en el uso crítico de las tecnologías es tanto un derecho como una obligación de los Estados, y el entorno digital debe ser visto como una extensión del espacio público y físico. Esto implica leyes claras que castiguen el acoso digital, pero también programas educativos que promuevan valores como el respeto y la empatía.
La solución no es solo técnica ni legal, sino política. Si bien debemos trabajar en la creación de una ley que tipifique delitos como el doxing, la suplantación de identidad y la difusión no autorizada de contenido íntimo, las sanciones deben estar acompañadas por instancias de reeducación y sensibilización para quienes cometen estos actos, buscando reparar el daño y prevenir la reincidencia.
Una reforma que pone el foco en la seguridad en línea en San Luís
El año pasado, la provincia reglamentó la ley que crea el Plan Provincial de Ciberseguridad y, en ese mismo camino, ha dado un paso crucial al reformar su Código Contravencional para incorporar el capítulo “Contravenciones contra la seguridad y la convivencia digital”. Esta reforma establece sanciones específicas para conductas nocivas en el entorno digital, como el acoso, el hostigamiento, la sextorsión y la difusión no autorizada de contenido íntimo. Entre sus aspectos más destacados, se tipifica la suplantación de identidad y el doxing, prácticas que afectan la privacidad y el bienestar emocional de las víctimas. La normativa contempla agravantes en casos donde las víctimas sean menores de edad, adultos mayores o personas con discapacidad, buscando proteger a los grupos más vulnerables. Además, introduce un enfoque educativo al incorporar capacitaciones obligatorias para los infractores, promoviendo la sensibilización y la prevención de estas conductas.
Un detalle esperanzador es que varias provincias se involucran cada vez con más fuerza en la temática. Lo importante sería que, a nivel nacional, pudiéramos aunar esfuerzos para alcanzar legislaciones y acciones que contemplen a todos.
Fuente: Infobae.com
